El Presidente Sánchez Cerén veta decreto que prohíbe vender estas islas a extranjeros

El presidente Salvador Sánchez Cerén envió regresó vetado el decreto Legislativo 105, que contempla una prohibición al estado salvadoreño de vender islas, islotes y cualquier otro territorio insular a extranjeros, la reforma al Código Civil en la que se contemplaba dicha prohibición, fue considerada inconstitucional por el mandatario, quien dijo que esta viola el principio de la igualdad y que el acceso a la propiedad de los extranjeros ya está regulado en el artículo 109 de la Constitución.

La Asamblea Legislativa conoció del veto como una pieza de correspondencia introducida al pleno en la Sesión Plenaria del pasado jueves. El veto provocó malestar entre las fracciones que apoyaron la medida el pasado 24 de agosto.

Con 46 votos fue aprobada la reforma en la Sesión Plenaria de fecha antes mencionada. Este establecía que las islas, islotes o cualquier otro territorio insular dentro del país, sean propiedad privada o del Estado, solo podrán ser adquiridos por salvadoreños de nacimiento, empresas que sean conformadas por salvadoreños de nacimiento o instituciones de gobierno.

La iniciativa fue aprobada después de que la Fiscalía informara que investiga el caso sobre la posible venta a extranjeros de las islas Perico y Periquito, ubicadas en el Golfo de Fonseca, departamento de La Unión.

Actualmente se encuentra trabajando una Comisión Especial legislativa que indaga la situación generada a raíz de la oferta de venta de las islas Perico y Periquito, situadas en el Golfo de Fonseca, departamento de La Unión, y que ha generado incertidumbre en más 100 personas que son residentes de la zona.

Lo anterior también se enmarca en las negociaciones que lleva a cargo el gobierno salvadoreño para arrendar terrenos ubicados en las márgenes del Puerto de La Unión a una compañía industrial china.

El expediente pasará al conocimiento de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, la cual determinará si se realiza un esfuerzo para superar el veto presidencial.

La medida presidencial se une a una serie de vetos emitidos en un contexto de acefalia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual lleva cerca de 60 días a causa de la falta de consenso en las fracciones legislativas para elegir magistrados.

En ese mismo contexto, el presidente vetó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar autonomía operacional a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), lo cual pone en riesgo la membrecía del país en el Grupo Egmont, en el que se comparte información de inteligencia financiera para combatir delitos como lavado de dinero a gran escala.

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